ASÍ SE
TRAFICABA
DROGA
DESDE LA BASE ANTINARCÓTICOS
EN BUENAVENTURA

Desde el pacífico colombiano, una organización criminal coordinó con uniformados la salida de cuatro toneladas y media de cocaína, que fueron transportadas en buques o contenedores de la naviera francesa CMA-CGM, entre 2019 y 2020.

“Suministre información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico”. Así se leía en la entrada de la compañía Antinarcóticos del puerto de Buenaventura en 2022. Tres años atrás, dentro de ese mismo recinto, un patrullero y un subintendente de la Policía habrían sobornado a un oficial que trabajaba como agente encubierto para enviar cargamentos de cocaína con destino a Europa.

El 3 de noviembre de 2019 le entregaron 354 millones de pesos, mientras un contenedor con casi dos toneladas del alcaloide en polvo de color blanco (1994 kilos) cruzaba el atlántico a bordo del buque CMA-CGM Niagara rumbo al puerto de Amberes, Bélgica. Ese fue el último de dos pagos que le habían hecho, luego de que el producto oculto en bultos de abono orgánico saliera exitosamente del puerto. En total recibió 694 millones de pesos, solo por ese envío. Así lo concluyó la Fiscalía en un expediente sobre el caso.

Una vez el buque atracó, la droga avaluada en $314 mil millones fue incautada en el país europeo, el 26 de noviembre de ese año. Ese fue el primero de tres cargamentos de cocaína que lograron incautar las autoridades mientras investigaban a dicho grupo criminal, identificado como Perlas Negras.

En abril de 2023, tras cuatro años de seguimientos, la Fiscalía solicitó orden de captura contra nueve de sus integrantes por posible tráfico de estupefacientes. Entre ellos, a los integrantes de la Policía Carlos Mario Flores, Juan Gabriel Ruiz Ramírez y al empresario Georges Ochoa. Sobre los dos últimos, la Fiscalía le informó a Cuestión Pública que enfrentan un proceso que está en etapa de juicio con conflicto de competencia que deberá dirimir la Corte Suprema de Justicia. Ni Ochoa ni Flores contestaron los cuestionarios enviados por esta alianza solicitando su versión de los hechos.

Dos años atrás fueron capturados otros siete miembros de la banda transnacional, en España y Francia. Sin embargo, el proceso penal fue sobreseído provisionalmente, es decir, cerrado por falta de pruebas, desde febrero de 2022, según indicó a esta alianza el Juzgado de Instrucción 16 de Valencia.

OYE, TE HABLO
DESDE ANTINARCÓTICOS

El emisario de uno de esos pagos al agente encubierto, hecho el 3 de noviembre de 2019, fue Carlos Mario Flores Córdoba, un patrullero de la Policía de Vigilancia del puerto, vinculado a la estructura criminal, de acuerdo con los informes de la Fiscalía. Flores entregó el dinero dentro de las mismas instalaciones de antinarcóticos, pues tanto él como el agente vivían ahí.

Cinco días antes, Flores ya había usado la base como punto de encuentro para darle a conocer al infiltrado de las autoridades el número del contenedor donde iba la droga de ese primer envío. Para garantizar el éxito de esa exportación, se sacó el abono orgánico en tres contenedores, de los cuales solo uno transportaba cocaína: el CMAU 901609-1, de la naviera CMA-CGM.

De hecho, Antinarcóticos es el lugar donde el agente encubierto y Carlos Flores se conocieron, pues ambos realizaban actividades policiales en Buenaventura y residían en dicha instalación policial. A inicios de agosto de 2019, intercambiaron números, según dio a conocer el primero en una entrevista ante investigadores del ente de control.

El patrullero no era el único uniformado al servicio de esa estructura criminal. Su socio era el intendente de la Policía Nacional, Juan Gabriel Ruiz Ramírez, alias “Camilo”, quien coordinó el envío de esos tres cargamentos a Bélgica a través de la exportadora colombiana Agrisur S.A.S., de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Cuestión Pública.

Ruiz Ramírez, alias Camilo, no contestó a las preguntas enviadas por esta alianza periodística sobre su presunta participación en estos hechos.

“ELLOS TIENENCUADRADO
EL RESTO DEL PUERTO”

El agente encubierto, cuyo nombre se reserva por seguridad, fue contactado inicialmente por Flores en agosto de 2019, tres meses antes de ese primer envío de droga. Este último le dijo que “la organización criminal de la que hacía parte quería que trabajara para ellos, que lo único que tenía que hacer era tener el contacto de los funcionarios del scanner y de la sala de análisis al interior del puerto”.

Agente
encubierto

Agente
encubierto

—O sea, ¿ellos tienen cuadrados al resto del puerto?

Carlos
Flores

—Todo el resto del puerto, pero quieren el de la sala (...) y el scanner y eso, o sea ellos dicen que ellos tienen todo.

Carlos
Flores

Por esta labor le prometieron entre 1,8 y dos millones de pesos por cada kilo de cocaína que saliera con éxito del puerto. De acuerdo con los documentos de la Fiscalía recabados por Cuestión Pública, la intención era enviar una tonelada por semana a Europa. Según Flores, así lo venían trabajando con sus anteriores enlaces y para ese momento afirmó que nunca se les había caído un cargamento de cocaína.

Ese contacto inicial se dio a raíz de que los policías al servicio de este grupo, al interior del puerto, fueran trasladados. Por esto, los cargamentos de droga de la organización quedaron paralizados por un mes. Tuvieron que esperar a que la Policía terminara de analizar a su personal con la prueba del polígrafo, debido a la corrupción que estaban detectando dentro de la institución.

Con uniformados sobornados en diferentes puestos de seguridad del puerto de Buenaventura, la organización criminal logró embarcar exitosamente tres cargas que sumaron seis toneladas de cocaína entre octubre de 2019 y septiembre de 2020.

Al llegar a la otra orilla terminaron incautados por las autoridades.

UNA CADENA LOGÍSTICA
DE “EVENTOS”DESAFORTUNADOS

El primer envío de droga empezó a ser gestionado por Georges Ochoa Medina, representante legal de la exportadora Agrisur S.A.S., en mayo de 2019. En esta ocasión, decidió contratar una nueva empresa de transportes y de aduanas: Traslogos e Imexbun, respectivamente, según un informe de la Fiscalía.

El ente acusador citó un reporte de actividades sospechosas que hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre Agrisur. Allí se mencionaba una incautación previa de estupefacientes en la que se había visto involucrada dicha compañía a inicios de 2019. Esta habría sido la razón por la que Ochoa decidió cambiar de empresas de logística para sus siguientes exportaciones, de acuerdo con el informe.

Jhoana Pinasco Quintero, representante legal de Imexbun, declaró ante la Fiscalía que conoció a Ochoa Medina por recomendación del comerciante Rubén Darío Castro Martínez, quien para entonces era miembro suplente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura (2014-2018) y fue elegido integrante principal en 2022. Castro había sido, además, candidato a la Junta de Acción Local de la localidad 1 de esa ciudad, por el Centro Democrático.

“Me dice, mira, tengo una amistad y nos suministra el número del señor GEORGE OCHOA”, declaró Pinasco. “Nosotros no habíamos manejado exportaciones porque sabemos todo lo que acarrea, pero como se trataba de una amistad nos brindó confianza y vimos todo en orden”, agregó.

Consultado por esta alianza, Rubén Castro aseguró que conoció a Ochoa cuando lo recogió en el aeropuerto de Buenaventura y lo llevó al Hotel Cosmos de la ciudad, donde trabajaba de “manera indirecta”. Señaló que nunca tuvo “contacto directo con esa estructura [criminal]” y que no mantiene ninguna relación con el señor Georges Ochoa.

Por su parte, la empresa de Transporte Traslogos dijo ante la Fiscalía que Ochoa Medina les pidió incluir a John Roosvelt Vela, un conductor de su confianza, para llevar uno de los tres contenedores (el de la mercancía contaminada) al puerto. La compañía aceptó no una, sino dos veces cambiar al transportista por el que pedía Ochoa, pese a contar con sus propios empleados.

Para las autoridades, en el envío que dio lugar a la incautación, Agrisur armó una cadena logística que “favoreció el desarrollo de la actividad ilícita”, según un informe de la Fiscalía. La empresa de transporte Traslogos no tenía experiencia en el transporte de carga de exportación ni vehículos propios.

El ente de control obtuvo los registros del GPS del camión durante todo el recorrido, desde que partió de las bodegas de Agrisur en Mosquera, Cundinamarca, el 19 de octubre de 2019, hasta la llegada a Buenaventura, dos días después. Así pudo establecer el lugar en el que posiblemente cargaron la droga.

Se trató de una parada no reportada que hizo John Vela en una bodega en el municipio de San Pedro, Valle del Cauca. Esto lo contrastaron los investigadores judiciales con transcripciones de numerosas interceptaciones legales de llamadas y mensajes de texto que intercambiaron Georges Ochoa y Vela.

El contenedor pasó los filtros de seguridad de la Sociedad Portuaria de Buenaventura y se embarcó en la motonave Cartagena Express de la naviera Hapag-Lloyd el 28 de octubre de 2019. Antes de viajar a Bélgica, hizo tránsito en Posorja, Ecuador, donde hizo un trasbordo al buque CMA-CGM Niágara.

Por la alerta del agente encubierto colombiano, las autoridades de ambos países coordinaron la incautación. El cargamento llegó el 26 de noviembre de 2019 al puerto de Amberes, donde inmediatamente fue requisado.

La importadora del abono orgánico en el viejo continente era Anab Shining B.V., una sociedad constituida en 2011 en Rotterdam, Países Bajos. Esta compañía era la principal socia comercial de Agrisur S.A.S., de acuerdo con ImportGenius, una plataforma digital que registra exportaciones. La compañía europea se declaró en quiebra en 2021, año en que fueron capturados los narcos que recibían la droga de la organización criminal en España y Francia.

Según un informe del Área de Control Portuario y Aeroportuario de la Dirección de Antinarcóticos, la compañía de Georges Ochoa realizó 51 exportaciones entre el 11 de agosto de 2018 y el 20 de diciembre de 2021, de los cuales 36 fueron con Anab Shining B.V. solo en 2019.

En los reportes financieros de la UIAF sobre Agrisur, esta entidad encontró que la compañía había sido constituida en 2013 “con un capital económico bajo ($20 millones) en comparación con el valor de las exportaciones realizadas. [Además], el tipo de producto a exportar en el exterior [abono orgánico] no es económicamente rentable para una empresa con poca trayectoria”.

Según registros de la plataforma de exportaciones Panjiva, desde que se creó y hasta 2018, antes de entrar en el radar de las autoridades, solo realizó dos exportaciones a México.

NO FUE UNO, NI FUERON DOS,
FUERONTRES LOS
CARGAMENTOSDE COCAÍNA

La droga todavía no había sido incautada en Bélgica, cuando la organización criminal ya empezaba a coordinar el siguiente envío, según pudo establecer la Fiscalía en interceptaciones de llamadas hechas al grupo criminal. Algunas de estas reuniones se llevaron a cabo, nuevamente, dentro de la compañía antinarcóticos. La modalidad sería la misma: ocultar la cocaína, esta vez no en abono orgánico, sino en bultos de panela pulverizada, pero utilizarían una nueva exportadora: Serendipia Group.

El 31 de mayo de 2020, una semana antes de que saliera el segundo cargamento con cocaína, Carlos Flores le entregó en dichas instalaciones 109 millones de pesos en efectivo al agente encubierto, de los 660 millones que le prometieron “por la coordinación del ingreso, paso y salida del puerto del contenedor CMAU 6349756, a fin de evitar el control de las autoridades portuarias”, según el informe que uno de los investigadores judiciales entregó a la Fiscalía.

El cargamento, en el que iban escondidas dos toneladas y media de cocaína, salió de Buenaventura el 8 de junio de 2020. Inicialmente, estaba previsto que el contenedor fuera a bordo del buque Cristina Star de CMA-CGM, pero por falta de espacio, terminó yendo en el buque Dublin Express y posteriormente en el Callao Express, ambos operados por la naviera alemana Hapag-Lloyd.

Debido a la intervención del agente encubierto, el alcaloide fue confiscado por las autoridades portuarias seis días después mientras hacía una parada en Cartagena, antes de zarpar de nuevo en el Callao Express hacia el puerto francés de Le Havre. La droga estaba avaluada en 12 mil 428 millones de pesos.

La importadora era la empresa española Zurkum Bussines, una compañía fachada, según la Fiscalía, registrada en Valencia y representada por el venezolano José Alejandro Sierra Troncoso, alias “Chepe”, líder de la organización criminal en Europa.

Zurkum y Serendipia estuvieron también involucradas en el tercer envío de cocaína, que se realizó el 29 de septiembre de 2020. En este caso, la carga fue de 1.600 kilogramos con destino a Bélgica, avaluados en 6.741 millones de pesos, pero fueron incautados a su salida, en el puerto de Buenaventura.

A diferencia de los otros dos hechos, el terminal por donde salió la droga fue la Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN), y no se trató de buques de la naviera CMA-CGM, sino de la danesa Maersk, según documentos de la Fiscalía. La naviera danesa es la principal accionista de esa terminal. El estupefaciente se ocultó dentro de panela pulverizada en el contenedor TRHU 399465-8, que viajaba a bordo del buque Sofia Maersk.

Cuatro años después, en Colombia, algunos de los integrantes de la banda, incluyendo a Jhon Roosevelt Vela, el conductor del vehículo que llevaba el contenedor de CMA con droga, ya han sido condenados. Sin embargo, en respuesta a esta alianza periodística, la Fiscalía no especificó a cuánto tiempo ni el tipo de sentencia recibida.

El ente acusador tampoco aclaró si el patrullero Carlos Flores está vinculado a algún proceso judicial por su presunta participación en esta estructura criminal, como quedó consignado en los mismos informes de la entidad.

Investigación de Cuestión Pública en alianza con OCCRP
y Berlingske.

Lee aquí la versión en inglés de esta publicación realizada por OCCRP
(Organized Crime and Corruption Reporting Project).

LOS PIRATAS DEL CARIBE
TRAFICABAN EN MAERSK

Oficiales de inteligencia militar y policías, en red con el principal de Daniel “El Loco” Barrera, enviaron 19 toneladas de cocaína hacia Centroamérica, EE.UU. y Europa; corrompieron a inspectores del puerto de Santa Marta para embarcar el 70 % de la droga en la naviera danesa.

Lee la historia aqui

Esta investigación hace parte de

Clic para visitar el sitio